Una demanda pretendía la inexequibilidad de los artículos 74 a 82 y varios apartes del artículo 161 de la Ley 1437 del 2011, que establecen los presupuestos para interponer los recursos respectivos contra los actos de la administración y los requisitos para demandar en sede judicial. Según el análisis del accionante, el ejercicio de estos recursos es un elemento estructural del derecho fundamental de petición, por tal razón debe estar contenido en leyes de carácter estatutario. Al respecto, la Corte dijo que si bien estas disposiciones establecen las reglas que rigen una determinada actuación procesal, como una forma del derecho de petición, “estas no buscan consagrar límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten la estructura general y los principios del derecho”. “En esencia, una norma de esta naturaleza regula actuaciones administrativas y judiciales que, aun cuando son una forma del ejercicio de este derecho fundamental, no busca definir su esencia o fijar sus alcances y limitaciones por fuera de este ámbito”, agrega el comunicado de la sentencia. La alta corporación judicial encontró infundados los argumentos del ciudadano y, como consecuencia, declaró la exequibilidad de los artículos acusados (M.P. Gloria Stella Ortiz).