La Corte Constitucional publicó la sentencia que declaró exequible el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 del 2003 (reforma el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993), que señala que los menores de 20 años de edad solo deberán acreditar 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. Para la Sala Plena, esta regla se debe aplicar, en cuanto sea más favorable, a toda la población joven (hasta 26 años de edad). Según la Corte, el Estado tiene la obligación de garantizar progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales, por lo tanto, esta norma no puede interpretarse en el sentido de que se cuenta con la autorización de privarlos de cualquier efecto inmediato (M. P. María Victoria Calle).