La Corte Constitucional dio a conocer el texto oficial de la sentencia que declaró exequible el parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1539 del 2012 y la expresión “Todas las instituciones que expidan o que vayan a expedir los certificados de aptitud psicofísica o física, mental y de coordinación motriz”. A su juicio, la implementación de dicho certificado para el porte y tenencia de armas de fuego, así como la obligación de entregar los registros sobre la aptitud de las personas para conducir vehículos automotores para ser confrontadas y garantizar su veracidad y legitimidad se ajusta a la Constitución. Según la sentencia, no se vulnera el derecho a la intimidad de las personas cuando el legislador dispone el uso de datos personales que el Estado recauda y almacena para el ejercicio de una actividad regulada, como es la conducción de vehículos, cuando su uso tenga un fin constitucionalmente legítimo (M. P. Mauricio González Cuervo).