La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 16 meses de prisión contra una jueza como responsable del delito de fraude a resolución judicial. Al respecto aseguró que los Estados democráticos hacen del orden justo un valor superior y así figura en el preámbulo Constitucional. Entonces, las decisiones judiciales son el medio para realizar ese propósito y por eso la solución a los conflictos y la obligatoriedad de las decisiones judiciales son elementos fundamentales de la coexistencia pacífica. En esa misma línea, indicó que el derecho es un orden normativo coactivo, cualidad que se refleja en el poder vinculante de las determinaciones judiciales. Sin la coacción, la solución jurídica de los conflictos se convierte en una simbología sin eficacia. Por ello resulta importante que los ciudadanos acaten los fallos y con mayor razón los falladores, a quienes a su condición de ciudadanos los obliga la de ser garantes de la efectividad de la justicia. En el texto adjunto puede encontrar más determinaciones y el desarrollo del caso concreto (M. P. Luis Antonio Hernández Barbosa).