La Corte Constitucional se declaró inhibida para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la demanda contra las expresiones “Declarar que no existe mérito para formular cargos por violación de la ética médica en contra del profesional acusado” y “se le hará saber así al profesional inculpado” de los artículos 80 y 90 de la Ley 23 de 1981. A juicio del alto tribunal, el demandante no señaló adecuadamente las disposiciones de ley, ni aportó razones constitucionales aptas para llegar a la conclusión de que se necesitaba proferir una sentencia aditiva o integradora (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).