Así lo señaló la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 37A de la Ley 712 del 2001, el cual modificó el artículo del Código Procesal del Trabajo (CPT) referente a la medida cautelar de caución dentro del proceso laboral ordinario. Según la Corte, interpretar dicho artículo como norma especial que impediría la remisión normativa al artículo 590 del Código General del Proceso constituiría una vulneración al principio de igualdad. Esta interpretación era la tesis vigente adoptada por la Corte Suprema de Justicia, la cual aplicaba el artículo 145 del CPT para restringir la remisión normativa al CGP a los casos en los que no hubiese norma especial sobre el tema. Por lo anterior, la Corporación señaló que para garantizar la exequibilidad el artículo demandado debe entenderse que este permite la aplicación del literal C del numeral 1 del artículo 590 del CGP, referente a la facultad del juez de decretar medidas cautelares innominadas. Para decretar este tipo de medidas, la sala puntualizó que el juez deberá apreciar “entre otras situaciones, la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho” (M. P. Cristina Pardo Schlesinger).