La Corte Constitucional informó la decisión que profirió en torno a una demanda que atacaba el aparte “y antes de presentarse la acusación”, del inciso primero del artículo 101 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), el cual establece la suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. Según los demandantes, esta disposición iba en contra de los derechos fundamentales de las víctimas a la justicia, a la reparación y al acceso efectivo a la administración de justicia, consagrados en los artículos 1º, 2º, 229 y 250 (numeral 6º y 7º) de la Constitución Política. Lo anterior toda vez que establecer un límite temporal supeditado a la presentación del escrito de acusación para que la víctima pueda solicitar que se suspendan o cancelen los registros obtenidos fraudulentamente constituye una vulneración a sus derechos. La Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, aceptó todos estos argumentos y decidió retirar del ordenamiento jurídico interno la expresión acusada. Se espera que, a través del habitual comunicado de prensa de la corporación, se conozcan próximamente todos los argumentos que se tuvieron en cuenta para proferir esta decisión.