La Corte Constitucional reiteró que la decisión de incorporar al servicio militar obligatorio a jóvenes que al momento del reclutamiento están cursando estudios, así como su permanencia en el Ejército Nacional por la negativa de conceder el aplazamiento de la prestación de dicho servicio vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y al mínimo vital. Con este argumento, ordenó a un Distrito Militar desincorporar al accionante con base en la causal del artículo 2º de la Ley 548 de 1999. Finalmente, advirtió que esto no lo exime, una vez finalizados los estudios, de continuar con el deber de prestar el servicio militar obligatorio por el tiempo que le hiciere falta (M. P. Martha Victoria Sáchica).