En reciente sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corte Constitucional impartió órdenes al Congreso de la República y al Ministerio de Salud para que regulen, este último en el término de seis meses, el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), de tal forma que se garantice el procedimiento en los casos despenalizados en la Sentencia C-355 del 2006. El caso estudiado es el de una mujer que tuvo que someterse a un sinnúmero de barreras evidentes para lograr la protección de sus derechos, lo que implicó realizarse exámenes adicionales a los ya ordenados por su médico tratante, acudir a varias instituciones para rogar la práctica del procedimiento y someter los certificados médicos al escrutinio de varios profesionales que parecían objetar conciencia bajo la apariencia de objetividad. Por esta razón, la Corte advirtió que pasados más de 12 años de reconocido el derecho a la IVE (y a pesar de la claridad de las reglas jurisprudenciales), aún existen todo tipo de barreras para que las mujeres accedan de manera oportuna y en condiciones dignas a este servicio, lo que implica un grave peligro para su salud, teniendo que acudir en la mayoría de los casos a la tutela. Los magistrados Carlos Bernal Pulido, Luis Guillermo Guerrero y Cristina Pardo Schlesinger salvaron el voto (M. P. José Fernando Reyes).