El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación (FGN) a pagarle más de $ 234 millones a un exfuncionario (fiscal) privado injustamente de su libertad y ofrecerle excusas como mecanismo de reparación de su derecho al buen nombre. Este funcionario revocó la medida privativa de la libertad y ordenó la excarcelación de varios ciudadanos de distintos municipios de Sucre que habían sido señalados de ser milicianos de grupos guerrilleros. Ante ello, la FGN inició un proceso penal en su contra por prevaricato, lo que dio lugar a su privación de la libertad. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de dicha acusación. Frente a la acción de reparación directa interpuesta por el fiscal, esta corporación aseguró que la medida de aseguramiento le generó un daño especial y grave que no estaba obligado a soportar, toda vez que ninguna de sus actuaciones se adecuó a la conducta de prevaricato por acción. Adicionalmente, se probó el daño al buen nombre que sufrió el exfuncionario, debido a las declaraciones oficiales de la FGN. Conozca más detalles del caso y otros argumentos en el texto adjunto (C. P. Alberto Montaña Plata).