El Gobierno promulgó el Acto Legislativo 02 del 2012, que modifica tres artículos de la Constitución Política, sobre el juzgamiento penal a militares. La reforma constitucional señala conductas que, aunque sean cometidas por militares, no serán conocidas por la justicia castrense, como los crímenes de lesa humanidad, delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Así mismo, crea un tribunal de garantías penales, que servirá de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso contra miembros de la fuerza pública y dirimirá los conflictos de competencia entre las jurisdicciones ordinaria y la penal militar. Por otra parte, contiene un artículo transitorio para que la Fiscalía General de la Nación y la justicia militar identifiquen todos los procesos que existen contra miembros de la fuerza pública y, en un plazo de un año, determinen cuáles deben quedarse en la jurisdicción ordinaria y cuáles en la castrense.