La Corte Constitucional declaró exequible el Decreto Legislativo 434 del 2020, mediante el cual se establecieron plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social (RUES), así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos colegiados. Ello, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus (covid-19) en el territorio nacional. Según el alto tribunal, el juicio de finalidad demostró que las dos grandes medidas adoptadas por este decreto están directa y específicamente encaminadas a impedir la extensión o agravación de la crisis generada. Además, la norma cumple con la conexidad material. Desde el punto de vista interno es claro el vínculo entre las medidas adoptadas y las consideraciones de este decreto, pues su objetivo central es mantener coherencia con las decisiones de contención y aislamiento social vigentes para evitar el aumento del contagio. Desde la perspectiva externa de la conexidad, afirmó que muestra el vínculo entre las medidas de excepción y los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia, entre otros argumentos. El magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo presentó aclaración de voto (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).