Al realizar el control de constitucionalidad al Acuerdo para el Establecimiento del Instituto Global para el Crecimiento Verde (por sus siglas en inglés “GGGI”), suscrito en Río de Janeiro (Brasil) en el año 2012, y a la Ley 1954 del 2019 que lo aprobó, la Corte Constitucional declaró su exequibilidad por ser respetuosos de las disposiciones constitucionales. En esta providencia, la Corporación explicó que el GGGI es un organismo internacional que busca promover el desarrollo sostenible y el crecimiento verde de los países en desarrollo y emergentes, incluyendo los menos desarrollados. Igualmente, afirmó que las consideraciones que llevaron al establecimiento de dicho instituto, así como sus objetivos, actividades y régimen de participación y funcionamiento se enmarcan en la facultad del Estado para celebrar tratados internacionales, satisfacen los requisitos de soberanía, equidad, reciprocidad y conveniencia exigibles de las relaciones internacionales y desarrollan, con acento social, el mandato constitucional que lo obliga a garantizar el desarrollo sostenible (M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo).