En el Senado se radicó un proyecto de ley estatutaria que regularía el derecho fundamental a la objeción de conciencia. La iniciativa consta de 40 artículos, que se distribuyen en cuatro capítulos: el primero se refiere la definición del derecho fundamental a la objeción de conciencia, se especifican los titulares, los principios que rigen su aplicación y el énfasis en la garantía de los derechos de terceros; el segundo precisa la competencia y el procedimiento que se debe seguir para efectuar la declaración de la objeción de conciencia (se especifica la obligatoriedad de dar trámite a dichas declaraciones, especificando las sanciones en caso de incumplimiento); el capítulo tercero establece los deberes de los objetores y a la vez que se estipula el silencio administrativo positivo a favor del objetor en caso de omisión de respuesta en el tiempo indicado. También, se  desarrolla la reglamentación de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio y se otorga competencia para conocer de sus declaraciones a los defensores regionales del pueblo. De esta forma, presentada la objeción, se suspende el proceso de definición de la situación militar hasta que se dé repuesta a la declaración, lo cual se haría a través de acto administrativo dentro de un plazo máximo de 15 días. Por último, la iniciativa desarrolla el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia frente a la prestación de servicios de salud. Se excluye  la posibilidad de objetar conciencia a quienes realizan tareas administrativas, paliativas, de valoración o de preparación anteriores o posteriores a los procedimientos y tratamientos médicos.