Atendiendo instrumentos internacionales, la jurisprudencia nacional y los resultados de la mesa de trabajo creada para definir el Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana se expidió el Decreto 003. Se trata de un instrumento con directrices para la actuación de las autoridades en la conservación de la convivencia y el orden público en las manifestaciones públicas. Inicialmente, se establece la obligación de las autoridades nacionales y territoriales de privilegiar el diálogo y la mediación en el desarrollo de las protestas, como elementos determinantes de la actuación de la policía, inclusive cuando los medios pacíficos  se consideren agotados y se proceda al uso de la fuerza. Un elemento importante es que la Policía Nacional se abstendrán de realizar pronunciamientos o conductas que propicien prejuicios, discriminen, deslegitimen o descalifiquen a quienes ejercen su derecho a manifestarse.