Una providencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dice que la jurisprudencia constitucional ha aclarado que no toda irregularidad procesal en el recaudo, práctica y valoración de una prueba implica, necesariamente, la violación del debido proceso. De ahí que los errores insignificantes o inofensivos no tienen la entidad para implicar la exclusión de una prueba. Debe verificarse, entonces, una verdadera afectación al debido proceso y a los derechos fundamentales para proceder a excluir una prueba por ilegal o inconstitucional (M. P. Julia Garzón).