Las entidades territoriales pueden solicitar asesoría para la formulación y revisión de la política de prevención del daño antijurídico. No obstante, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no es responsable frente a la aplicación que la entidad del orden nacional o territorial haga de las recomendaciones, pues cada una debe valorar la conveniencia y oportunidad en la aplicación para los casos o situaciones litigiosas concretas. De otra parte, señaló la entidad, con el fin de garantizar el principio de imparcialidad y la autonomía en la adopción de decisiones, a los integrantes del comité de conciliación les son aplicables las causales de impedimento o conflicto de intereses previstas en el artículo 11 de la Ley 1437 del 2011, cuyo trámite debe estar incluido en el respectivo reglamento. Por lo tanto, cualquier miembro del comité de conciliación que considere estar en esta situación deberá declararse impedido y esperar la decisión que frente al impedimento tome la autoridad competente.