la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión a un abogado por 26 meses, tras hallarlo responsable, principalmente, de las faltas previstas en el artículo 32 y en el numeral 3° del artículo 33 de la Ley 1123 del 2007. El disciplinado, haciendo uso de instrumentos legales y constitucionales como el derecho de petición y la acción de tutela, solicitaba ante la dirección académica de una maestría en derechos humanos de una universidad pública bogotana una serie de documentos, actas, proyectos, iniciativas y decisiones ejecutadas dentro del programa, cuyo único fin, según el fallo, era crear personajes ficticios para  interponer un sinnúmero de denuncias ante los diferentes órganos de control, creando una situación de amenaza e intimidación permanente sobre los académicos de la institución universitaria (M. P. Pedro Alonso Sanabria).