Según el artículo 8° del Decreto 1796 del 2000, el Ejército debe realizar un examen médico de retiro, detallado y minucioso, a quienes van a ser dados de baja del servicio militar activo, con el fin de verificar sus condiciones físicas y síquicas para el reintegro a la vida civil. En ese evento, es necesario determinar si la persona necesita asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica, indicó la Corte Constitucional. A su juicio, cuando el soldado ha sido víctima de un accidente común o de trabajo o alguna enfermedad durante la prestación del servicio puede reclamar la atención médica a los organismos de sanidad de las fuerzas militares, aún después del desacuartelamiento (M. P. Alberto Rojas).