Alberto Bravo Borda, presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas, presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de las expresiones “y demás gastos que se requieran”, contenida en el literal c), y “los demás hechos que se presenten en desarrollo de los objetivos del Invima”, prevista en el literal e) del artículo 4º de la Ley 399 de 1997. A su juicio, al no definir con suficiencia, claridad y precisión los hechos generadores de la tasa que cobra el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en la mencionada norma, se violan los principios de certeza y de legalidad tributaria, señalados en las normas superiores 150 y 338 (demandante: Alberto Bravo Borda).