El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 1º de la Ley 2003 del 2019, que se refiere a una circunstancia en la que los congresistas no incurren en conflicto de intereses y, por consiguiente, están habilitados a participar, discutir y votar proyectos de ley o de acto legislativo cuando discutan iniciativas legislativas relacionadas con los sectores económicos que financiaron su campaña electoral. Según el texto radicado en la Corte Constitucional, la norma habilita directamente que los congresistas puedan favorecer los intereses particulares de quienes contribuyeron a que pudieran acceder a sus cargos de representación política. Igualmente, aseguraron que el conflicto existente es innegable, ya que permite y habilita la intromisión de determinados intereses privados en el debate democrático que se da en el Congreso, lo que atenta contra el carácter democrático y pluralista de la Carta Política, va en contravía de la cláusula de prevalencia del interés general sobre el interés particular y desvía los fines del Estado, los cuales deben estar orientados al servicio a la comunidad, la prosperidad general y la vigencia de un orden justo (Demandantes: Reinaldo Villalba Vargas y otros).