Una ciudadana demandó el parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley 985 del 2005, que regula las medidas de protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas, por cuanto afirmó que vulnera el derecho a la dignidad humana, consagrado en el  artículo 1° de la Constitución Política. La accionante aseveró que la normativa atacada resulta innecesaria y desproporcionada, por lo que es necesario, a través de un test de proporcionalidad, establecer la finalidad, idoneidad, innecesaridad y desproporcionalidad de la denuncia de un hecho de trata de personas respecto del derecho de las víctimas, cuya final es la de proteger el interés general.