Por la supuesta vulneración del principio de legalidad, fueron demandados los artículos 21 y 22 de la Ley 1607 del 2012 (reforma tributaria), que establecen el hecho generador y la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad. De acuerdo con el demandante, estas normas de carácter tributario no cumplen con los requisitos mínimos que la Constitución exige en términos de legalidad. A su juicio, no expresan de manera cierta los elementos esenciales de la obligación tributaria, que, de acuerdo con los artículos superiores 150 y 338, le correspondía establecer al legislador. En el mismo sentido, considera que el gravamen demandado ignora el principio de equidad, porque no atiende a la capacidad contributiva del sujeto pasivo (demandante: Diego Quiñones Cruz).