La Corte Constitucional admitió recientemente una demanda en la que se ataca el artículo 77 de la Ley de la Ley 23 de 1981, por medio de la cual se dictan normas en materia de ética médica. Dice la norma puntualmente que en todos los casos en que el profesional instructor o el profesional acusado lo consideren indispensable o conveniente podrán asesorarse de abogados titulados. Según el concepto del demandante, el derecho a la defensa técnica en toda actuación judicial o administrativa hace parte del debido proceso y, por lo tanto, no puede ser relativizado ni dejar su reconocimiento a la discreción del funcionario investigador o del disciplinado.