Una demanda admitida en la Corte Constitucional busca la inexequibilidad parcial, párrafos 2° y 3°, del artículo 16 (acuerdos de apoyo por escritura pública ante notario) de la Ley 1996 del 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas mayores de edad con discapacidad. Según el concepto del demandante, la normativa es inconstitucional porque las facultades contempladas en la mencionada norma desbordan la formación académica y científica del notario. Ello por cuanto “para analizar que el acuerdo se ajuste a la real voluntad y/o preferencia de la persona en situación e discapacidad o valorar qué es lo que más le conviene a la persona en situación de discapacidad, garantizar la disponibilidad de los ajuste razonables y satisfacer las demás necesidades, no se ejercen por medio de la función testimonial, como es realmente su función”.