Presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8 (parcial) de la Ley 2195 del 2022, “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.

El demandante considera que el aparte señalado diseña la regla de aplicación en el tiempo de la norma y supone la vulneración del principio de legalidad contenido en el artículo 29 superior, según el cual el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

De acuerdo con lo anterior, el actor explica que el legislador deforma el principio de legalidad en relación con el derecho administrativo sancionatorio, imponiendo al sujeto pasivo del ius puniendi del Estado una carga excesiva en relación con el nacimiento de nuevas causales y sanciones administrativas que no eran previsibles en el momento de ocurrencia de los hechos (Demandante: Andrés Mauricio Quiceno Arenas).