La ausencia de los delitos contra la administración como causal de pérdida de la curul en corporaciones públicas es un defecto de diseño institucional. Así lo afirma un grupo de representantes en un proyecto de reforma a la Constitución (artículos 107 y 134) que pretende aplicar la denominada “silla vacía” para estas conductas. Los autores dicen que así se promueve la rendición de cuentas de los partidos políticos y se podrán combatir fenómenos como el denominado “carrusel de la contratación” de Bogotá.