El Consejo de Estado admitió una solicitud de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 1º del Decreto 1844 del 2018, mediante el cual se facultó a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos. Dicha norma es reglamentaria del Código de Policía y Convivencia (Ley 1801 del 2016), una disposición de naturaleza administrativa, no penal, que autoriza a la Policía a confiscar cualquier cantidad de droga que un ciudadano porte en el espacio público. De acuerdo con los argumentos de la demandante, las normas constitucionales infringidas serían los artículos 1, 2, 13, 16 y 49. Según la acción interpuesta por la representante a la Cámara Luvi Katherine Miranda, el decreto significa un retroceso en la concepción estatal que sobre la dependencia a las sustancias sicoactivas y el derecho a la salud ha desarrollado la Corte Constitucional. Agregó también que con la firma del Decreto 1844 el Ejecutivo traslada la responsabilidad del abordaje del problema del consumo de drogas a la Policía Nacional, institución que, a su juicio, no se encuentra capacitada para cumplir con los estándares que se han establecido como regla para el tratamiento a las personas que se encuentran en procesos de adicción.