El Consejo de Estado declaró la pérdida de investidura del antiguo líder de la guerrilla de las Farc Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, por incurrir en la causal tercera del artículo 183 de la Constitución Política (no tomar posesión de su cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras, o a la fecha en que fue llamado a posesionarse). Hay que decir que todos los componentes objetivos y subjetivos de la causal se encontraron acreditados dentro del proceso. La Sala determinó, además, que no medió ninguna circunstancia de fuerza mayor que justificara que Márquez no hubiera tomado posesión de su cargo. Pese a que estaba demostrado que no se posesionó, se estudió si en su caso mediaba una renuncia al cargo, y se determinó que la figura de la renuncia es aplicable a quienes son designados en cumplimiento del régimen constitucional transicional para la terminación del conflicto. Del estudio jurídico de las declaraciones públicas de dicho miembro de las Farc, la Corporación concluyó que no existió renuncia, pues manifestó su percepción sobre algunos incumplimientos del Acuerdo Final de Paz, pero atribuir a esas declaraciones el efecto de una renuncia equivaldría a disponer de los derechos políticos del demandado en términos distintos a los que este expresó. Tampoco se encontró que la conducta estuviera justificada por una circunstancia de fuerza mayor.