Por imponerles a los trabajadores colombianos un requisito imposible de cumplir, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 48 de la Ley de Descongestión Judicial (L. 1395/10), que aumentó de 120 a 220 salarios mínimos mensuales legales vigentes la cuantía para determinar el interés de acudir en casación laboral. La corte advirtió que el objetivo de la descongestión judicial no puede sacrificar las garantías fundamentales y que, de todas maneras, la medida no fue suficientemente justificada por el legislador. María Victoria Calle y Humberto Sierra salvaron voto (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).