Por violación del principio de unidad de materia en la ley del plan de desarrollo, del principio de eficiencia y destinación específica de los recursos de la seguridad social, la Corte declaró inconstitucional, con efectos retroactivos, la autorización a las administradoras de riesgos laborales (ARL) de utilizar los recursos de cotizaciones o primas para el pago de comisiones a intermediarios como gastos de administración.

La Sala Plena concluyó que un debate sobre una disposición que modifica el Sistema de Riesgos Laborales debe surtirse a través de una ley ordinaria, para permitir una amplia discusión sobre un tema tan sensible y que impacta de manera permanente las fuentes de financiación del corretaje. Por tal motivo, la ley del plan de desarrollo no puede servir de base para la adjudicación de cargas financieras al Sistema General de Riesgos Laborales. La magistrada Gloria Stella Ortiz salvó parcialmente el voto respecto de los efectos retroactivos de la inconstitucionalidad (M. P. Alejandro Linares Cantillo).