Decisión sobre verbos rectores del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

Se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 376 (parcial) de la Ley 599 del 2000, que establece el tipo penal de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los actores alegaron la existencia de un déficit de protección constitucional que se concreta tras la despenalización del consumo de la dosis personal por la Sentencia C-221/94. También recalcaron el deber del Estado de prever y ejecutar las acciones que permitan la adquisición legal y segura de narcóticos, en garantía de los derechos a la vida, salud y seguridad personal.

El alto tribunal reiteró su jurisprudencia en relación con el alcance dado a la reforma del artículo 49 promovida por el Acto Legislativo 02 del 2009, con el objeto destacar que su enfoque fue de salud pública y se dirigió a combatir el consumo problemático de drogas como una enfermedad, e igualmente reiteró que con la prohibición allí establecida no se volvió a la penalización del consumo de la dosis personal ni se proscribieron otras conductas no asociadas a un problema de salud.

También la Sala se refirió al alcance dado tanto por esta Corporación, como por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al artículo 376 del Código Penal, con el objeto de evidenciar que la única conducta referida a los verbos rectores allí previstos que está despenalizada es la del porte o conservación de sustancias estupefacientes o sicotrópicas que tienen por objeto el consumo personal.

Concluyó la mayoría de la Corte que al no cumplirse el requisito de pertinencia, pues se invocan argumentos de conveniencia para sustentar la acción, y no se cumple el criterio de suficiencia, es necesaria la inhibición para pronunciarse de fondo frente a la demanda planteada (M. P. Diana Fajardo Rivera).