La Corte Constitucional se declaró inhibida para decidir sobre la constitucionalidad del numeral 10 del artículo 35 del Código Nacional de Policía, que señala que ante la negativa de una persona de dar información sobre su residencia, domicilio y actividad en procedimientos adelantados por las autoridades policiacas se afectan las relaciones entre personas y autoridades. En principio, el accionante indicó que esta disposición afectaba el derecho al debido proceso y el principio de no autoincriminación, pues no consideraba acorde al ordenamiento jurídico que estos funcionarios solicitaran información a partir de medidas correctivas y calificar la veracidad de lo recolectado. Por su parte, la Corte concluyó que en la demanda no se establecía la manera como se desconocía la Constitución y que el demandante en sus argumentos confunde el proceso penal y el policivo.