Las medidas de emergencia adoptadas para garantizar el derecho al mínimo vital de los dos grupos focalizados, adultos mayores y trabajadores cesantes, afectado por causa del aislamiento preventivo necesario para contener y mitigar la pandemia del coronavirus (covid-19) cumplen a cabalidad con los requisitos formales y materiales exigidos por la Constitución sobre los decretos de excepción. Así lo concluyó la Sala Plena de la Corte Constitucional luego de respaldar el Decreto Legislativo 553 del 2020 (M. P. Antonio José Lizarazo).