Corte protege derechos de ciudadana que denunció acoso sexual en su lugar de trabajo

La Corte Constitucional protegió los derechos a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a vivir una vida libre de violencias de una ciudadana que denunció acoso sexual por parte de un superior en la empresa donde trabajaba. La ciudadana presentó tutela contra las decisiones de la Procuraduría General de la Nación que, en primera y segunda instancia, declararon no probados los cargos formulados al presunto acosador en un proceso disciplinario.

La Sala Tercera de Revisión advirtió que el Ministerio Público desconoció el deber de incorporar en su razonamiento probatorio un enfoque diferencial con perspectiva de género de conformidad con la Constitución. También recordó que las prácticas institucionales que confirman patrones de desigualdad, discriminación y violencia contra la mujer, en particular cuando se evalúan elementos probatorios sin un enfoque de género, revictimizan a la mujer.

Así mismo, hizo un llamado al cuidado en el lenguaje por parte de todos los operadores jurídicos, en especial cuando de por medio se encuentran posibles hechos de violencia de género contra la mujer y el derecho de las víctimas a ser tratadas con el mayor respeto y consideración. (Lea: Es hora de poner fin la violencia y al acoso laboral contra la mujer: OIT)

Según la Corte, no se puede pasar por alto el maltrato verbal que padeció la accionante a lo largo del proceso disciplinario, particularmente por parte del accionado y su abogado, quienes utilizaron expresiones en contra de su integridad tanto moral como física.

La decisión dejó sin efectos el fallo de segunda instancia proferido por la Procuraduría y ordenó adoptar una nueva decisión que tenga en cuenta las consideraciones de esta sentencia (M. P. Alejandro Linares Cantillo).