En aplicación del principio de economía procesal, la Corte Constitucional dejó sin efectos una serie de autos interlocutorios proferidos por un tribunal de la justicia ordinaria y resolvió el conflicto negativo entre jurisdicciones, remitiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz una solicitud de libertad condicional, para efectos de su competencia. Y es que dicha solicitud de libertad presentada por un ciudadano se recibió en un juzgado de ejecución de penas cuando ya había entrado en funcionamiento el Tribunal Especial para la Paz. Lo anterior indicaba que dicho juzgado, al verificar que su competencia en razón de la jurisdicción para resolver dicha petición había terminado, debió de manera inmediata declararse incompetente para pronunciarse de fondo y remitir el asunto a la autoridad competente, finaliza la Corte (M. P. Cristina Pardo Schlesinger).