La Corte Constitucional le dio el visto bueno a las sanciones sociales contra quienes ejecuten acciones violentas o discriminatorias contra las mujeres, contenidas en el artículo 9º de la Ley 294 de 1996, al declarar exequible numeral 5º de la disposición. Según el alto tribunal, se trata de una medida efectiva e integral para combatir la violencia de género. Para la Sala Plena, establecer medidas educativas y cívicas genera la sensibilización que debe perseguir la función preventiva del Estado, pues producen en el agresor la conciencia necesaria para entender la reprochable magnitud de sus actuaciones. No sobra resaltar que la Procuraduría había solicitado a la Corte declararse inhibida.