En demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 3° del artículo 5 del Decreto Ley 20 del 2014, por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas, y que consagra que los empleos de fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y sus fiscales auxiliares son de libre nombramiento y remoción, dada la especial confianza y la prestación in tuitu personae que conlleva el desarrollo de sus funciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional advirtió la ineptitud sustantiva de los cargos planteados por la actora, debido a que no despiertan una duda mínima que desvirtúe la presunción de constitucionalidad de la norma acusada, y no presentó elementos de juicio suficientes que llevaran a la Corte a adelantar un nuevo estudio sobre la naturaleza de tales cargos de inconstitucionalidad. Así, determinó la alta corporación que los cargos aducidos por la demandante no cumplen el requisito de certeza, pertinencia y suficiencia, toda vez que se estructuran a partir de una estipulación que no corresponde al precepto normativo que contiene la norma acusada, sino que se deriva de una interpretación subjetiva de la demandante que impide adelantar el respectivo control de constitucionalidad. (M. P. Diana Fajardo Rivera).