La corporación concluyó que la disposición fue derogada por la pensión de sobrevivientes derivada de la Ley 100 de 1993. De ahí que no haya lugar a evaluar si era violatorio del derecho a la igualdad que se utilizaran las expresiones “legítimos y naturales” y “legítimos o naturales” para referirse al tipo de padres e hijos forzosamente acreedores del seguro de vida consagrado en la disposición demandada (artículo 293 parcial del Decreto 2663 de 1950). Recordó que fue este el mismo motivo que la llevó a declararse inhibida en la Sentencia C-823 del 2006 (M. P. Alberto Rojas).