Con la aprobación del Acto Legislativo 01 del 2011, el Congreso de la República recibió el visto bueno para legislar en causa propia. Esta reforma constitucional señaló que los parlamentarios no incurrirán en conflicto de intereses cuando participen en el debate y la votación de proyectos de actos legislativos. Gracias a esta modificación de la Constitución, el Congreso estaba blindado para aprobar, entre otros, temas como los controvertidos puntos de la reforma a la justicia que acaba de hundir el propio Legislativo. La Corte Constitucional admitió una demanda en contra de esa normativa, con base en la posible violación de los artículos 2º, 133 y 183 de la Carta Política. A juicio del demandante, ninguna de las tres ramas del Poder Público puede modificar sus propias competencias, si con los cambios se afecta el Estado social de derecho (Demandante: Héctor Germán Ramírez Gasca).