En julio del 2022, unos ciudadanos presentaron una acción pública de inconstitucionalidad en contra de la Ley 2099 del 2021, por medio de la cual se dictaron disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país. Los accionantes solicitan la inexequibilidad de la ley en su integridad, por vicios de procedimiento en su formación.

Estas son las cinco razones:

1. La norma demandada vulnera los principios de consecutividad y publicidad, por cuanto en varias etapas del trámite legislativo se eludió el debate en relación con temas centrales de la regulación, como el fracking, los posibles impactos ambientales de la explotación del hidrógeno azul o el costo fiscal de la transferencia de activos.

2. El trámite que culminó con la expedición de la Ley 2099 vulneró los parámetros de la conciliación, debido a varias inconsistencias en la publicación del informe y en la conformación plural de la comisión de conciliación.

3. El legislador violó la reserva del trámite en la iniciativa legislativa, porque, de un lado, desconoció el deber de coadyuvancia en una temática compleja que requería la intervención y el aval de todos los ministros involucrados y, de otro, el proyecto de ley debió iniciar su trámite en la Cámara de Representantes y no en el Senado de la República, por incluir dentro de su regulación asuntos tributarios.

4. Hubo una serie de irregularidades en la discusión y resolución de los impedimentos que se presentaron durante el trámite de la ley acusada.

Por último, el Congreso de la República desconoció el principio de maximización de las exigencias del trámite legislativo, debido a las omisiones en las que incurrió en las diferentes etapas del procedimiento que culminó con la expedición de la ley (Demandantes: Javier Francisco Arenas Ferro y otros).