La Corte Constitucional, en su Sala Plena virtual, ordenó medidas cautelares para proteger a las personas que se encuentran en los centros de detención transitoria del país, dispuso el diseño y adopción de protocolos de atención en salud, con especial énfasis en las personas que tienen mayor riesgo de contagio del coronavirus (covid-19), previendo medidas especiales para quienes tengan sospecha de contagio. Determinó que era necesaria la identificación de la población en estos centros y a partir de allí fijar las medidas claras, precisas y específicas para contrarrestar la pandemia. Así mismo, estableció que en un término no mayor de ocho días debe garantizarse a las personas privadas de la libertad en los centros de detención preventiva el acceso a los servicios sanitarios, productos de aseo, alimentación diaria, así como agua potable permanente, bien a través del acueducto o de cualquier mecanismo que asegure su suministro, con el fin de protegerlos frente a este virus. Y enfatizó que estas medidas serán extensivas para todo el país. Como medida provisional, se ordenó a la USPEC y al Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad que, en el término dispuesto, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y bajo los lineamientos y apoyo del Ministerio de Salud y de cada una de las secretarías de salud de cada municipio o distrito respectivo, diseñen y adopten un protocolo de atención en salud en los centros de detención transitoria.