La Corte Constitucional determinó que las medidas de emergencia adoptadas en materia de contratación estatal con el Decreto 537 del 2020 cumplen con los debidos requisitos formales y materiales, en particular los de finalidad, conexidad material, motivación suficiente, no desconocimiento de la prohibición de arbitrariedad, no afectación de derechos fundamentales intangibles ni contradicción a norma constitucional alguna. Por ejemplo, la Corte señaló que la norma cumple el requisito de finalidad, puesto que las medidas están dirigidas a conjurar las causas que dieron origen a la declaratoria del estado de excepción y a impedir la extensión de sus efectos (M. P. Alejandro Linares Cantillo).