Por considerar que la expedición de paz y salvos a los contratistas como producto de acuerdos y conciliaciones vulnera sus facultades para realizar un efectivo control fiscal, la Contraloría General de la República (CGR) acaba de informar que presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de varias expresiones del artículo 217 del decreto-ley antitrámites (Decreto 19/12). Según el organismo, esa disposición permite que mediante conciliaciones, acuerdos o transacciones a que lleguen las partes en el curso de una relación contractual se declare al contratista a paz y salvo con la administración y se excluya el control fiscal y judicial. La entidad también anunció similares acciones en contra de disposiciones sobre temas de salud y seguridad social.