De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las universidades están facultadas para llevar a cabo una nueva revisión de los requisitos previstos para el otorgamiento de títulos profesionales, inclusive después del grado, cuando se detecten indicios de error o falsedad en su acreditación, pues la obligatoriedad de los mismos hace que la expedición irregular no genere un derecho adquirido para el estudiante. En estos casos, es posible la revocatoria del título, precisó recientemente la Corte Constitucional. No obstante, indicó la corporación, dicha potestad tiene un límite en el respeto por los derechos fundamentales de los estudiantes y la verificación no puede ser desproporcionada. Por lo tanto, aunque no se deben pasar por alto las irregularidades detectadas, se pueden dar opciones a los estudiantes para que cumplan los requisitos y puedan mantener su título (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto).