A través de una demanda de inconstitucionalidad, se solicita incluir al pueblo rom o gitano en los auxilios del Estado para el acceso efectivo a la vivienda de interés social y prioritaria rural. Por esa razón, se atacan las expresiones “poblaciones afrocolombianas e indígenas” y “comunidades indígenas o afrodescendientes”, contenidas en los artículos 13 y 28 de la Ley 1537 del 2012, respectivamente. De acuerdo con la demandante, las disposiciones censuradas desconocen el respeto a la dignidad humana, el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica, el principio a la igualdad y el derecho a la vivienda digna. Así mismo, sostiene que existe un sinnúmero de disposiciones internacionales que reconocen estos pueblos minoritarios y prohíben cualquier forma de discriminación (demandante: Patricia Romero Sánchez).