La Corte Constitucional reiteró la exequibilidad del artículo 8º del Decreto 2090 del 2003, por medio del cual se estipuló la vigencia del régimen de pensiones especiales para las actividades de alto riesgo, hasta el 31 de diciembre del 2014. El alto tribunal reiteró la existencia de cosa juzgada constitucional para el caso en estudio, y aclaró que la prórroga de la vigencia del régimen de pensiones para estas actividades, según el decreto, va hasta el 31 de diciembre del 2024. Finalmente, el magistrado Jorge Ignacio Pretelt anunció la presentación de la misma aclaración de voto que presentó frente a la sentencia C-651 del 2015.