Un fallo de tutela de la Corte Constitucional precisa que en materia de procesos que involucran graves violaciones de derechos humanos el juez debe, entre otras reglas: (i) flexibilizar los estándares probatorios; (ii) reconocer la preponderancia de la prueba indiciaria; (iii) hacer uso de las inferencias judiciales razonables; (iv) aumentar el estándar probatorio del Estado como demandado en el proceso de reparación directa; (v) eventualmente exigirle al Estado que demuestre que no cometió una ejecución extrajudicial y, por último, (vi) hacer uso de las pruebas aportadas a los procesos penales y disciplinarios correspondientes (M. P. Alejandro Linares).