El exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra presentó una demanda en contra de los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 9º, 10, 11, 15, 16, 23 (párrafo 2º), 24 y 25 de la Ley 1673 del 2013, por medio de la cual se reglamentó la actividad del avaluador, corregida posteriormente mediante el Decreto 222 del 2014, por la presunta violación de los artículos 2º, 13, 16, 25, 26, 152 y 189 constitucionales. El demandante aduce que la norma restringe el derecho al trabajo, la igualdad y la libertad para escoger profesión u oficio (demandante: Alfredo Beltrán Sierra).