Dos nuevas demandas se interponen en contra del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012). La primera de ellas ataca el artículo 167, parcial, sobre la carga de la prueba. Según los ciudadanos, la norma le concede al juez la discrecionalidad para la distribución de la carga de la prueba entre las partes, cuando tal proceder es una obligación. La segunda ataca el inciso 4º del artículo 206, modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 del 2014, relacionado con el juramento estimatorio. De acuerdo con el escrito, se viola el principio de legalidad, en tanto impone una carga pecuniaria al demandante abiertamente ilegal (Demandantes: José y Helena Peñarredonda y Sebastián Durán).